Minería, minería, maldita minería

Tenemos recursos naturales y en muchas zonas urbanas y del campo la gente vive en medio de la pobreza y el hambre. Millones de personas buscan como alternativa de sobrevivencia la minería en pequeña escala, informal e ilegal. Hay una problemática social y económica que el gobierno no puede resolver. No hay una posición política ni económica al respecto.

Los mineros artesanales en muchas zonas del país, los llamados acopiadores y comerciantes juntan gramo a gramo el oro precioso. Junto a ellos se han unido toda una red de gente conformada por cientos de trabajadores, los lamperos, zaranderos, pallaqueros, moledores, etc. Escuchándose de “trata de personas”, con robos, asesinatos de mujeres y hombres productores e intermediarios mineros, incrementándose la delincuencia y la prostitución de jóvenes y niñas en bares de mala muerte.

Son conocidos los nombres de “la tía Goya” (Gregoria Casas Huamanhuillca) en Madre de Dios, zona de Huepetuje. Rocío Torres Carcasi, en Puno, zona la Rinconada de Ananea; quien en julio de 2013, compró la finca de Rocío Jurado en España, pagando más de 8 millones de dólares en oro. 

 Hay zonas prohibidas y toda actividad minera que sigue con sus actividades en ellas, son consideradas ilegales. Mucho se ha estimulado la formalización, sin embargo también el gobierno las ha reprimido sin ningún miramiento, haciendo volar la maquinaria con el uso de explosivos por doquier. Hemos podido observar en diversos canales de televisión el uso de esas medidas, quedándonos absortos, pasmados e impresionados por las políticas represivas aplicadas por el estado.

Hasta el año 2014 según la investigación realizada por J. Sotelo, en su publicación “Macro Región Sur: Formalización Minera”, de 70 mil inscritos, solo se formalizaron 5 mineros. Para este 2018 se tiene como meta formalizar a 5 mil mineros. ¿Podemos advertir nuestra situación? ¿Solo 5 mil mineros?

Si consideramos la totalidad de regiones del país, la población inmersa e involucrada en la minería informal o minería subterránea sobrepasa los 2 millones de peruanos, según Hernando de Soto. Hay estimaciones de José de Echave afirmando que son 300 mil mineros informales. Miguel Santillana sostiene que sobrepasan los 500 mil.

Existen en condiciones infrahumanas los informales de las zonas de Caravelí, Camaná, Condesuyos, entre otras en Arequipa. En la zona de Puno en similares condiciones están las poblaciones de Putina, Sandia, Carabaya, La Rinconada, entre otras también. Hay muchos casos en la Región de Madre Dios, Apurímac, Cuzco, Tacna y Moquegua

Las últimas concesiones mineras han sido aprovechas por la Gran Minería y Mediana Minería, quienes se vienen adueñando de los territorios del país, las cuencas naturales. De todo ello solo usan para la actividad minera un 8% y el 92% está inactiva. (J. Sotelo) Siendo apoyados por las fuerzas represivas, quienes vienen siendo contratados para defender sus propias posiciones particulares, en desmedro de la población.

Una muestra de lo que sucede con la minería formal o gran minería, se deriva de la aprobación de la ley de hidrocarburos (sobre explotación petrolera) por parte del congreso el 6 de junio del presente año 2018. Esta ley, como está articulado, pretende disminuir la importancia del cuidado del medio ambiente y de las funciones normativas del mismo Ministerio del Ambiente. Amplia también la explotación hasta por 80 años. Vulnera y deja de lado la exigencia y estudios detallados del medio e impacto ambiental. Llegando incluso a no respetar los derechos de propiedad de los pueblos indígenas en la selva.

La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), considera que la nueva ley atraerá inversiones y hará más sostenible y competitivo el sector. No interesándoles si están en contra de las normas del Sistema de Gestión Ambiental. En sí, se van moviendo los lobistas ya conocidos que se asocian a las multinacionales mineras.

Necesitamos nuevas forma de explotación que no generen una problemática social y daño ambiental. Promover diversas fuentes de energía. En eso debería ocuparse el Congreso y el Ministerio de Energía y Minas.