Por
mucho tiempo escuchamos que la inversión es importante para una economía. Sin
embargo, toda la corrupción en el Perú nos muestra una realidad diferente. En
quienes confiábamos para dinamizar nuestra economía, ahora muchos son los corruptos.
Estoy seguro que así actuaron por mucho tiempo, naturalmente con honrosas excepciones.
Parecían honestos, vestían bien, simulaban un comportamiento ético y son en
verdad gente llena de inmoralidad que solo busca su beneficio personal o
grupal. Nada más les interesa. ¿Les importa la economía? ¿Les interesa la
prosperidad de la gente unida a ese pueblo que sigue creyendo? No están
preocupados es eso, para nada. Solo quieren mantener sus posiciones y llenarse
del dinero de la corrupción enseñando las sonrisas hipócritas. En adición a
ello, se insertan en los engranajes del estado y como es natural se aprovechan
de todo lo que pueden. Así estamos en el Perú. Muchos empresarios han decepcionado.
Hasta quienes dirigen los destinos del país han caído es ese círculo vicioso.
Una coyuntura muy particular.
Para el día miércoles
29 de noviembre de 2017 y luego de una investigación de nueve meses,
el Ministerio Público informó que se había dispuesto la ampliación de la
investigación a los representantes de las compañías consorciadas con la empresa
brasileña Odebrecht. Las compañías estaban siendo investigadas por colusión agravada
y lavado de activos. Tales son: Graña y Montero
S.A., Ingenieros Civiles y Contratistas Generales - ICCGSA, JJ Camet
Contratistas Generales S.A.
Conocíamos que estas compañías de
alguna manera estaban involucradas. Ellos participaron en el pago de una coima
para el prófugo Toledo por 20 millones de dólares. Ellos sabían y al parecer
estaban de acuerdo, es por eso que aportaron cada uno una cantidad.
Junto a Odebrecht y las compañías
constructoras peruanas, accedieron y se adjudicaron los contratos para
construir y mantener la Vía Interoceánica Sur. Obviamente luego y por aumentos
en la inversión o adendas nuevas, los costos tendían a variar favoreciéndose ellos
con millones de dólares.
Para el día lunes 4 de
diciembre de 2017, ya se
conocía la posición del Fiscal de la Nación Hamilton Castro, quien solicitaba: prisión
preventiva contra cinco empresarios peruanos socios de Odebrecht.
En horas de la madrugada de ese
día 4, el Juez del Ministerio Público Richard Concepción Carhuancho, dispuso
prisión preventiva por 18 meses para José Graña Miró
Quesada, Gonzalo Ferraro Rey, Alejandro Graña Acuña, Fernando Camet Piccone y
José Fernando Castillo Dibós por lavado de activos y colusión.
Conocedores
de esa decisión judicial, los señores se pusieron a derecho y se determinó su
encarcelamiento en los penales pertinentes.
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